En un giro que más parece corrección por regaño que convicción propia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que siempre no hará uso de las camionetas blindadas recién adquiridas, luego de la fuerte crítica pública que desató su compra.
Fue el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, quien informó que los ministros no utilizarán dichas unidades por considerarlas ostentosas, argumentando ahora una supuesta prioridad por la austeridad y la “escucha al pueblo”. Un discurso que llega tarde, cuando el gasto ya estaba hecho y la indignación social ya había estallado.
La decisión no borra el hecho de que el lujo sí fue contemplado, aprobado y financiado con recursos públicos, en un país donde millones de ciudadanos enfrentan carencias en seguridad, salud y justicia. La narrativa de transparencia y sensibilidad social parece más una respuesta obligada al señalamiento ciudadano que un compromiso genuino con el uso responsable del dinero del pueblo.
Porque no se trata solo de no usar las camionetas, sino de explicar por qué se pensó que era correcto comprarlas. La austeridad no debería aplicarse solo cuando hay escándalo, ni la escucha al pueblo solo cuando la presión es insostenible.
Hoy la Corte dice que cede al pueblo.
Pero la pregunta sigue en el aire 🤔:
¿Y si nadie hubiera reclamado, las camionetas ya estarían rodando?
La austeridad verdadera no se anuncia después…
se practica desde el principio. 🚘💸