Burgos Tamaulipas. – A tan solo un mes de dar inicio con las campañas electorales, Jorge Eleazar Galván García ya se dio cuenta que no levanta y que su popularidad va en picada con la ciudadanía, y eso se vio reflejado con el acto desesperado en el que les ordenó a sus cómplices de pagar a los habitantes de otro municipio para que cambiaran su credencial del INE y que votaran por él.
En estas fechorías están involucrados Juan Cano alias “Cachas”, Alejandro Cano el “Cachitas” y Juan Galván alias “Juanin” quienes se dedican al carbón y por ende tienen personal a su mando a quienes amedrentaron con correr de su trabajo si no les daban la credencial, estos tres delincuentes electorales ya están siendo investigados.
Y estos no son todos los involucrados ya que salen a relucir que empleados de la presidencia municipal o exempleados porque uno de Nombre Homero Garza alias el “Mono de Harina” pidió licencia él estaba encargado de Catastro municipal de Burgos el junto a German Soto y Juan Davila forzaron a carboneros a sacar credenciales para después quitárselas y así poder tenerlas en sus manos, lo cual es un delito federal grabe.
Este es el equipo de trabajo que tiene el presidente y ahora precandidato a la alcaldía de Burgos, toda una bola de delincuentes y todos están coludidos con el sr. Othón quien es el que maneja la maquiladora de carbón y quien se hizo socio de Jorge Galván (el Potrillo) quien además cobra por cada kilo de carbón que se procesa.
Todo esto va englobado al tema electoral ya que si el potrillo vuelve a ganar las elecciones este próximo 6 de junio seguirá recibiendo su “cuota” de cada kilo de carbón y Jorge Galván seguirá tapando este negocio ilícito de la tala clandestina de árboles y la creación de hornos rústicos y decimos ilícito porque al parecer no cuentan con los permisos ni las autorizaciones para el aprovechamiento forestal que expide la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y según el artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, quien carezca de la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales será acreedor a una multa por el equivalente de 100ª 20,000 veces de salario mínimo.
