El pulso con el Poder Judicial iniciado por Andrés Manuel López Obrador con una carta en la que pide investigar a un juez no es un episodio puntual. Lo ha advertido el propio presidente de México, que ha prometido actuar de la misma forma en todos los casos que considere oportunos. El mandatario, que ha emprendido una batalla contra todo lo que identifica como símbolo del pasado, está dispuesto a enfrentarse también a los estamentos de justicia. Las críticas, prácticamente unánimes, que ha recibido por su intromisión no lo han frenado y este martes ha dado un paso más al lanzar un aviso: “Los jueces no pueden ser intocables”.
La espita fue un litigio que la semana pasada congeló, justo después de su entrada en vigor, la reforma eléctrica. El juez Juan Pablo Gómez Fierro admitió el recurso de un parque eólico, lo que dejó en un limbo uno de los proyectos estrella de López Obrador, que da la prioridad del suministro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la iniciativa privada. El mandatario pidió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, que abriera una investigación, poniendo públicamente en entredicho su imparcialidad. Sin embargo, el mismo juez falló a favor de López Obrador en al menos dos ocasiones, a propósito de la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco y sobre la obligatoriedad de escolta que le quería imponer el Estado Mayor Presidencial.
López Obrador mostró satisfacción por su pedido y la respuesta que el mismo lunes cursó Zaldívar. “Yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Zaldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto, si considera llevar a cabo una investigación”, señaló. Pero acto seguido agregó: “Pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos”.
En realidad, la respuesta del órgano de gobierno de la judicatura había sido estrictamente institucional y también contenía una advertencia al presidente. “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”, le informaba Zaldívar. El ministro de la Suprema Corte aprovechaba la ocasión para recordar al jefe del Ejecutivo que, de alguna, manera traspasó una frontera. “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía en independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar para que puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley”.
Los mensajes de López Obrador no se ciñeron, además, a la decisión concreta del juez que frenó la reforma eléctrica, una medida a la que se sumó después otra similar. El fondo de su discurso va más allá y supone un aviso a navegantes. “Antes, decía yo, el Poder Judicial era como El castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”, dijo. Estas palabras no le impidieron pronunciar otras frases que parecen decir una cosa y la contraria: “Claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables, ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable”.
Estas señales le han costado duras críticas, que han llegado de las filas de la oposición, pero, sobre todo, del sector afectado, muy preocupado por la ligereza con la que el presidente ha lanzado acusaciones sin ningún tipo de prueba. El lunes lo hizo, por ejemplo, contra José Ramón Cossío, exministro de la Corte y columnista de este periódico. Cossío observa con inquietud ese comportamiento, que en su opinión refleja “una disputa para saber qué tanto el presidente va a aceptar las decisiones judiciales”,
Los colegios de abogados de México emitieron un comunicado conjunto rechazando la presión de López Obrador. “Ante el escalamiento de las declaraciones del Ejecutivo Federal relacionadas con los litigios del sector energético, expresamos nuestra más sincera preocupación sobre los efectos inhibitorios que las mismas puedan tener sobre el ejercicio de la libre profesión y sobre el ejercicio independiente de la judicatura”, señala un comunicado de la abogacía. “Consideramos intrusivo en el ejercicio profesional y de la actividad judicial el que se acuse a personas en lo particular por ejercer los derechos de sus clientes, o por ejercer su criterio y arbitrio judicial en el ejercicio de sus funciones como juez, continúa. Los abogados llaman a un “diálogo a favor de la preservación de la democracia y el Estado de derecho, sin injerencias arbitrarias, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso legal”.